La Contraloría General de la República evidenció 11 hallazgos fiscales por más de $50.538 millones de pesos, consecuencia de  irregularidades que se presentaron en la ejecución de contratos de obra desarrollados por la Gobernación del Departamento del Cesar durante la vigencia 2015, y que se financiaron con recursos del Sistema General de  Regalías.

Así lo informó en un comunicado de prensa en el que precisa que los hallazgos se dieron en medio de una actuación especial de fiscalización.

"La Contraloría detectó en el contrato de Obra del Estadio de Fútbol Armando Maestre Pavajeau, deficiencias en los acabados a la vista, fisuras en los pisos y abolladuras en las barandas, así  como la instalación de accesorios eléctricos que incumplen con la normatividad, estableciendo un hallazgo fiscal por $5.167 millones", indicó el ente de control.

Y "en los contratos del Muelle y Parador Turístico de Chimichagua, Cesar, Fases I y II, fue evidenciado por la CGR un detrimento por $717 millones de pesos, correspondiente a sobreprecios y fallas constructivas".

En otros contratos auditados, como la construcción de vías en los municipios de Becerril y La Jagua de Ibirico hubo una deficiente calidad de las obras y la Contraloría evidenció un detrimento patrimonial de $15.750 millones de pesos. Se evidencia que 2a pesar de las reparaciones a la malla vial, aún persiste el deterioro de las vías que siguen presentando agrietamientos y fisuras"

La Contraloría identificó una gestión fiscal antieconómica por valor de $25.062 millones de pesos, en la construcción del Centro de Desarrollo Tecnológico Ganadero y Pesquero, contrato cuya ejecución  inicialmente se pactó para 290 días, pero requirió un total de 644. Se tardó un 122% más del tiempo previsto.

La obra de pavimentación de la doble calzada de la Avenida Ciro Pupo, en el municipio de La Paz, Cesar, presentó anomalías en su construcción y fallas en la calidad de las obras ejecutadas, generando un detrimento  por $1.108 millones de pesos.

Llama la atención el hallazgo de la Contraloría que tiene relación con el personal de las obras, puesto que se evidencia que "no vinculan al personal ofrecido en sus propuestas, llevando a la Gobernación a pagar gastos de administración y de personal que no se contrata, afectando no sólo el cumplimiento sino generando un detrimento al estado por más de $410 millones de pesos".